Las cámaras “salvavidas” deben identificar plenamente a los conductores infractores

La Corte Constitucional declaró inexequible la responsabilidad solidaria que el propietario del vehículo debía tener con las infracciones de tránsito.

Tras la reciente puesta en servicio de las cámaras “salvavidas” en Bogotá gracias a un vacío legal, este tipo de dispositivos de control de transito vuelven a ser objeto de polémica, pues recientemente la Corte Constitucional hizo público el documento en el que se declara inexequible la solidaridad en los comparendos, aunque ya había emitido su concepto hace cuatro meses.

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Según la sentencia del alto tribunal, las infracciones de tránsito impuestas a través de una fotomulta deben ser asumidas por el conductor y no por el propietario del vehículo, por lo cual los dispositivos de detección electrónica deben tener la capacidad de identificar plenamente a los conductores, tumbando así el parágrafo 8 de la ley 1843 de 2017.

En esa misma medida, otorgó facultades al Congreso para crear la legislación que permita regular la operación de estas cámaras en todo el territorio nacional. Eso sí, se mantienen excepciones como la del artículo 93-1 del Código Nacional de Tránsito, donde la responsabilidad recae sobre el propietario o sobre la empresa, si se trata de un vehículo de una empresa de transporte.

avenida boyaca restriccion carril b

En el caso de Bogotá, el Distrito señalaba que era el conductor quien debía presentar las pruebas para demostrar su inocencia en caso de que le fuera impuesto un comparendo a través de una fotomulta y ahora, es el estado el que debe aportar el material probatorio para determinar su culpabilidad, en caso de que existiera.

De todas formas, la Corte Constitucional señala que el funcionamiento de estos dispositivos no es inconstitucional, pero la manera en que se busca hacer efectivas las fotomultas si va en contra de los derechos de los ciudadanos. Es por ello que podrán seguir operando, aunque de nuevo vuelven a quedar en un “limbo jurídico”, pues seguirá pendiente la regulación del Congreso.

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