Las leyes que buscan mejorar la calidad el aire en Colombia reciben un nuevo impulso

Gobierno y empresarios se comprometen a trabajar de forma conjunta en la implementación de leyes para la reducción de emisiones contaminantes.

El Congreso de la República, el Gobierno Nacional, la ANDI, Fenalco y Ecopetrol dieron a conocer hoy su compromiso para trabajar de manera coordinada y articulada, en la implementación de las leyes aprobadas recientemente, sobre reducción de emisiones de motocicletas, camiones y buses a diésel e incentivos para el uso de vehículos eléctricos.

Con una hoja de ruta ya establecida, las ensambladoras e importadoras han venido trabajando en la implementación de esta normativa en Colombia, con el ingreso de nuevas tecnologías que son más eficientes y menos contaminantes. Así mismo, Ecopetrol viene mejorando de manera importante la calidad de los combustibles para poder soportar esas nuevas tecnologías.

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Para ello, será clave la renovación efectiva del parque automotor, de tal manera que en 2030 todas las motos que circulen en el país sean Euro 3 y en 2035 todos los vehículos con motor diésel sean Euro VI. Igualmente, esta ley establece que en un plazo no superior a dos años, a partir de su entrada en vigencia, se deberá reglamentar el mecanismo para verificar el cumplimiento del límite permisible de emisiones de partículas contaminantes al aire, mediante prueba dinámica.

El sector automotor, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y Ecopetrol, se han trazado metas como reducir a largo plazo en 96 % las emisiones de partículas en camiones y buses diésel con vehículos EURO VI, teniendo en cuenta que el parque automotor hoy es principalmente EURO II y EURO III, y en motocicletas un 50% de reducción en la contaminación. Todo lo anterior será posible con la calidad del combustible que suministre Ecopetrol.

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Finalmente, en cuanto a los vehículos eléctricos, durante los últimos 7 años se han comercializado cerca de 1.400 de ellos en Colombia; con la ley de promoción se espera que se supere la meta del Gobierno de llegar a tener 6.600 vehículos eléctricos en la próxima década. Entre los beneficios e incentivos de esta ley se resaltan:

  • Reducción al impuesto de vehículos, el cual no podrá superar en ningún caso el 1% del valor comercial del vehículo, que hoy es 3,5% más alto.
  • Generación de descuentos en tarifas para la realización de trámites de registro inicial, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y en las primas de los seguros SOAT (10%).
  • Destinación de al menos el 2% de las plazas de parqueaderos públicos y comerciales habilitados para el uso preferencial de vehículos eléctricos. De igual forma las entidades territoriales podrán implementar tarifas diferenciadas de parqueadero y exenciones tributarias.
  • Exención de las medidas de restricción vehicular (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental, entre otras) para estos vehículos.
  • En los próximos 6 años las autoridades nacionales, municipales y los prestadores de servicio público deberán incorporar como mínimo el 30% de vehículos eléctricos en los vehículos contratados o adquiridos anualmente. Para el caso de Sistemas de Transporte Masivo se espera que el 100% de los buses adquiridos a 2035 sean eléctricos.
  • Finalmente, el Gobierno deberá garantizar la infraestructura adecuada para la carga o repostaje de este tipo de vehículos.